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viernes, 30 de agosto de 2013

"FONDOS BUITRES quieren cobrar"


Con la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York en EE.UU al rechazar el planteo del reclamo de pago a los fondos de deuda reclamados por holdouts y ante el fallo adverso del tribunal a favor de bonistas que siguen en default, la Presidente CFK se refirió por cadena Nacional al manifestar que conocido la confirmación del juez Griesa a favor de los fondos buitres, dijo "Vamos a enviar un nuevo proyecto de Ley al Parlamento para abrir por tercera vez el canje de deuda para ése 7% que no ha ingresado y salvaguardar al resto de los bonistas, abrirá un reemplazo y reestructuración de títulos en la misma moneda e iguales plazos pero se cambiará el lugar de pago con el fin de evitar embargos sucedidos".
Los bonos serán pagados en Buenos Aires a través de la Caja de Valores, pero diversos analistas financieros advirtieron que el cambio de ciudad de pago podría causar temor entre los bonistas que tengan que girar sus dólares al exterior, y ser interpretado como una forma de eludir a la justicia norteamericana.
La cámara que dictó el fallo que ordenó pagarle a un grupo de fondos buitre y de
minoristas el 100% de lo que reclaman. Luego, tendría tres meses para pedirle a la Corte de Estados Unidos que revea ésta decisión.
El país enfrenta demandas potenciales por US$ 20.000 millones en default, y con el gesto existe la posibilidad de que la justicia de EE.UU. declare que el país busca incumplir con sus fallos, y habrá que esperar como dijo una calificadora de dirigentes opositores, considerando que si ante éste cambio de condiciones exista voluntad de pago, y no resulta considerar la posibilidad de otro nuevo default.
Un acuerdo a mitad de camino entre las aspiraciones de los fondos litigantes y del Gobierno, que en lo formal, no parece dispuesto a entablar un canal alternativo de diálogo. "En nada cambió la estrategia política de no negociar más allá de los términos del canje, y eso es lo que también se le expresó a la justicia norteamericana", aunque los fondos NML, Aurelius y Blue Angel ya tienen un fallo de la Cámara de Apelaciones en cuánto al fondo en cuestión (la violación de la cláusula de pari passu y al monto de pago (100%), han expresado por vías informales que están dispuestos acordar un monto con una quita respecto de los US$ 1333 millones -más intereses- que pretenden cobrar.
Los "fondos buitre" ponen como condición para aceptar una quita que la Argentina se siente a negociar y no siga con sus enunciados unilaterales. El litigio del magnate financiero Paul Singer intentó buscar vías de acercamiento, ya que en 2008 el manager del fondo NML-Elliot, Jay Newman estuvo en el país negociando con un calificado equipo de la Casa de Gobierno y del Ministerio de Economía sobre las chances de terminar con este pleito. En ése momento, la tentativa fue rechazada por la presidenta Cristina Kirchner por su sensación de que el Gobierno obtendría fallos favorables en la justicia de Estados Unidos en el caso del pari passu, algo que no ocurrió en primera instancia ni en la Cámara de Apelaciones. Ahora, aunque los fallos fueron en favor de los "fondos buitre", el Gobierno cree que sigue contando con el tiempo a su favor: en la próxima semana pedirá la revisión del último fallo a la propia cámara; luego tendrá otras dos semanas para pedir el mismo trámite ante los camaristas.
Los "fondos buitre", como expresó el abogado Marco Schnabl, pueden seguir ganando causas, pero seguirán sin cobrar si no llegan a un acuerdo con la Argentina, al no existir activos comerciales que puedan embargar.
Se advirtió que podía poner en riesgo otras reestructuraciones soberanas ordenadas, al favorecer a una minoría que se resiste a aceptar las condiciones del resto.
El problema para la Argentina es que la Corte ya tiene dos expedientes referidos al país (el "discovery" de datos del Banco Nación para saber si hay cuentas argentinas embargables en el exterior y el caso de British Gas contra el Gobierno) y habrá que ver si quiere sumar otro. Será en ése momento procesal -y no antes- que el gobierno norteamericano dará su opinión ante el máximo tribunal de su país.  

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