"El fin de los SUBSIDIOS termina con la fiesta del jolgorio, en inflación"

En el caos económico de 2002 se decidió congelar las tarifas y aplicar esquemas de rescate a los deudores del sistema financiero en consecuencia se optó por un sistema parejo para todos y el argumento fue evitar éste tipo de manejos a dedo, y si no se hizo antes era para poner la apariencia por delante de la realidad, hacer que nada pasa o convencerse o intentar convencer de que si algo pasa, nunca tiene la dimensión que se le atribuye, dicho en términos sistémicos, el entorno.
El Gobierno sigue sin reconocer el problema de base que lo lleva a tratar de recomponer las arcas públicas: la inflación es negada a través de las cifras del Indec.
Hay déficit fiscal en los hechos -si no se cuenta con las arcas de ayuda del BCRA y la Anses- y eso le coloca más estrés a la política monetaria y al frente cambiario, como se observa a través de la salida con fuga de capitales que en tres semanas se retiraron de los bancos US$ 1700 millones.
Por complacencia o falta de rigor, muchas figuras públicas y sectores han aplaudido la decisión del Gobierno de comenzar a recortar los subsidios para las tarifas de los servicios públicos y su regulación, y es lógico y acertado aplaudir la decisión de que los sectores más pudientes beneficiados por este mismo Gobierno con subsidios, durante 8 años ya es hora que lo pierdan.
Al finalizar los subsidios el gobierno pretende capitalizar el dinero que precisa de los créditos que no consigue del BM y BID del exterior y por lo tanto debe ajustar el mercado interno selectivamente con un ajuste que no llegó a su fin en el gobierno de Cristina Kirchner, al tener en carpeta la eliminación total de subsidios para el gas, la luz y el agua y también para las industrias, las empresas de servicios y los comercios, y proyecta hacerlo de manera segmentada con una exhaustiva selección y revisión de sector por sector y empresa por empresa con la premisa de hacerlo en cuotas esté exento de riesgo, pero extendidos en el tiempo es una incógnita.
La Presidenta tiene un gran temor: que el cambio provoque un fuerte impacto en los precios, y la otra premisa básica consiste en evitar las subas de ésas facturas se trasladen a los precios de los productos y los servicios, de manera que no se genere así un pico inflacionario alto de 90% que detenga la actividad económica y cause un alto costo político al Gobierno.
La Presidenta supervisará el proceso y definirá sus tiempos y en el plan trabaja la comisión integrada por los ministerios de Economía y de Planificación, en consulta con el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y la ministra de Industria, Débora Giorgi.
"Las subas no tienen que impactar en la rentabilidad y en la estructura de costos de las industrias, servicios y comercios", señaló un alto funcionario.
También se analiza la quita de subsidios graduales para el transporte de pasajeros y de cargas. La prioridad en el transporte es universalizar la tarjeta SUBE a todas las líneas de colectivos, luego se podrían establecer nuevos valores para los pasajeros según su capacidad contributiva, la que quedaría registrada en la tarjeta.
En el Gobierno también estudian, para el mediano plazo, otros ajustes drásticos que se aplicarían sobre sectores de alta rentabilidad y se pueda justificar como parte del modelo progresista y para algunos funcionarios, se mencionan planes para captar ingresos del sector financiero y de las empresas cerealeras.
En el Ministerio de Planificación se anticipa que habrá "importantes anuncios" sobre la instrumentación de las medidas anunciadas por los ministros de Economía, Amado Boudou, de Planificación y Julio De Vido.
También se explicará la manera de completar los formularios y declaraciones juradas para solicitar la continuidad del subsidio, para aquellos usuarios que demuestren no tener capacidad contributiva.
El ajuste en subsidios por eliminación del beneficio a sectores empresariales de alta rentabilidad y a usuarios residenciales de barrios de alto poder adquisitivo, supondrá una reducción del gasto fiscal en 4500 millones de pesos, y en Casa Rosada se apunta alcanzar un recorte de entre 20.000 y 30.000 millones.
Eso obligaría a revisar el proyecto de ley de presupuesto 2012, cuando se trate en el Congreso en diciembre. Ese programa prevé erogaciones por 75.000 millones de pesos para subsidios pero el aumento de la demanda energética y en los precios de combustibles, más la caída en la producción, obligarían en el año 2012 al Gobierno a incrementar las importaciones de ésos insumos.
Se prevé en 2012 un déficit de la balanza comercial energética de 20.000 millones de pesos, un monto algo mayor del que se pretende ahorrar.
El gran desafío de Cristina Kirchner es la reducción de subsidios a los sectores industrial, comercio y servicios y "Se otorgará a sectores cuya estructura de costos y rentabilidad permita un aumento", señaló un funcionario.
La comisión que estudia la eliminación de ésa ayuda estatal está integrada por el secretario de Coordinación de Planificación, Roberto Baratta, y el subsecretario de Hacienda, Raúl Rigo que expresó, "Será segmentada por tamaño de empresas y De Vido y Baratta manejan los tiempos con supervisión de la Presidenta", señaló la fuente de Planificación. Por su parte "Giorgi y Moreno asesoran en la confección de los listados", agregó otro funcionario, y Moreno supervisa tanto las industrias como servicios y comercios.
Un dato que no es menor subraya en Planificación que la quita de subsidios "no tendrá ninguna incidencia en el precio de las garrafas" (para sectores de bajos recursos) y que al exportarse el gas natural licuado "no se exportarán subsidios".
La creciente intervención de Moreno atormenta a empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA), que dirige José Ignacio De Mendiguren, advirtieron: "Todo lo que sea discrecional es peligroso: quién dirá «a vos sí y a vos no te quito el subsidio»".
Los sectores industriales más rentables, dicen, que son laboratorios, automotrices, siderúrgicas y aluminio, mientras que alimentos y textiles estarían más comprometidos ante una suba de precios en las facturas.
Otro sector sensible serán supermercados y comercio general y nadie garantiza que sus mayores costos no repercutan en los precios.
Otro temor de Cristina Kirchner reside en que la suba de las facturas de gas, luz y agua se traslade a los precios que dispare la inflación y se frene la economía, lo cuál le podría cortar la euforia de la luna de miel del segundo mandato y baje su popularidad que comenzará el 10 de diciembre de 2011.