"Bloqueo a la libertad de prensa"

Un gobierno ante la indiferencia de hechos piqueteros que cortan la distribución de un diario es tan responsable cuando se le provoca un daño a la libertad de prensa y de expresión y nada se hace para impedir que otros la dañen. El bloqueo a las plantas impresoras de La Nacion y de Clarín en Barracas que fuera registrado el 27 de marzo se vincula a lo mencionado ante la llamativa pasividad de la Policía Federal, donde un grupo de 40 manifestantes que se identificaron como trabajadores tercerizados de Artes Gráficas Rioplatense y seguidores del titular de la CGT, Hugo Moyano, para justificar exigencias salariales efectuaron un piquete frente a las dos plantas, para impedir que las ediciones dominicales de Clarín y del diario deportivo Olé salieran a la calle, como así ocasionaron una demora de varias horas la salida de La Nacion.
Éste accionar es un hecho gravísimo para las instituciones de la República ya que no se puede tomar una resolución por cuenta de un grupo de personas para pedir mejoras laborales debería hacerlo por las vías sindicales y no obstaculizar la distribucion, ésto es cercenar la libertad de prensa y de expresión y el derecho de millones de personas de informarse y más grave aún ante el silencio del Poder Ejecutivo Nacional y la indiferencia de las fuerzas que deberían garantizar el orden público.
Éste hecho presupone avasallar la cultura periodística por la prepotencia, la intolerancia y la violencia patotera de quiénes debería esperarse al menos la condena pública por la complicidad sindical de tales actos, como hace meses atrás sus mismos impulsores habían protagonizado un hecho similar frente a las mismas plantas impresoras, y en aquella oportunidad los activistas impidieron la distribución de los diarios durante aproximadamente cinco horas. Pero esta vez un piquete logró frenar la circulación de un diario.
En ésta oportunidad la inacción oficial fue la nota destacada de la triste jornada del bloqueo ya que un juez en lo civil Gastón Polo Olivera, tras considerar ilegal el bloqueo de los accesos a las plantas impresoras de medios periodísticos, ordenó que su resolución fuera notificada de manera personal a la ministra de Seguridad de la Nación Nilda Garré, con el propósito de que dispusiera todas las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo.
La disconformidad de la oposición política anunció que promoverá el juicio político de la ministra de Seguridad por no acatar la orden judicial que también es grave para el Estado, que tiene el monopolio de usar la fuerza y mira para otro lado a la hora de actuar frente a un delito, contrario a los principios elementales de la Constitución nacional y de tratados internacionales de derechos humanos en materia de libertad de prensa y de expresión.
No parecería casual el silencio oficial frente al piquete fuera la misma actitud de las autoridades del Poder Ejecutivo, frente a las graves amenazas de Moyano contra el periodismo, por informar detalles del pedido de informes suizo. Tampoco sorprende la escasa voluntad por garantizar la libertad de prensa de un gobierno que presionó a los accionistas privados de Papel Prensa mediante infundadas denuncias sobre delitos de lesa humanidad; multó a consultoras independientes por difundir sus propios índices del costo de vida; o utilizar fondos públicos de publicidad para premiar o castigar a los medios en función de su grado de compatibilidad al oficialismo. A quiénes les corresponde garantir el órden público en la sociedad les correspondería hacer una profunda reflexión para evitar cohartar la libertad de informar como derecho a la libre democracia.