
En el veredicto cuyos fundamentos se leerán el 5 de mayo, los jueces entendieron que Bignone, Riveros y Rodríguez son culpables de "tormentos agravados por ser la víctima un perseguido político" y del homicidio doblemente agravado con alevosía y premeditación de Muñiz Barreto y la tentativa de homicidio de su secretario Juan José Fernández, quién pudo escapar.
En el caso de Riveros y Bignone también se los encontró cuplables del crimen del militante peronista Gastón Goncalvez, por el que se condenó a Patti a perpetua.
El ex diputado Muñiz Barreto fue secuestrado junto a su secretario Fernández en una carnicería de Escobar por Patti y llevado a la seccional de ese partido, donde se torturó a ambos hasta su traslado al centro clandestino de detención que funcionó en Campo de Mayo, bajo la órbita de Bignone y Riveros.
Desde allí fueron sacados rumbo a Entre Ríos donde se simuló un accidente de tránsito para asesinar al ex diputado, hecho del que sobrevivió su secretario, un ex rugbier que pudo escapar por la ventana del auto arrojado a un arroyo y exiliarse en España, antes de lo cuál dejó testimonio de lo ocurrido ante un escribano público que declaró en el juicio y ratificó ésta versión de los hechos.
El ex agente de Inteligencia del Ejército Martín Rodríguez quedó condenado por el secuestro y la imposición de tormentos agravados por ser la víctima un perseguido político en los casos de Muñiz Barreto y Fernández y como partícipe necesario del homicidio del ex diputado y la tentativa de homicidio de Fernández.
Rodríguez, apodado el "Toro", fue señalado como uno de los torturadores de Campo de Mayo mientras ambas víctimas estuvieron secuestradas allí.
Por otra parte, en el veredicto de ocho carillas leído por la presidenta del tribunal, Lucila Larrandart, se encontró culpable a Patti por allanamiento ilegal a los domicilios de dos desaparecidos, los hermanos Guillermo y Luis D Amico y de Osvaldo Ariosti.
También al ex intendente de Escobar y ex subcomisario Patti fue condenado por el asesinato de un militante de la juventud peronista, el secuestro de un ex diputado nacional en la dictadura y otros delitos de lesa humanidad por tormentos agravados y persecución política y privación ilegítima de la libertad contra Diego Muniz Barreto, Gastón Goncalves y Juan José Fernández.
El legislador socialista Rivas afirmó que la condena a Luis Patti "pone fin a la vergonzosa parábola de un asesino y torturador que consiguió, a pesar de su incalificable prontuario, ocupar cargos electivos en tiempos de plena vigencia de la Constitución”.
“Semejante anomalía fue posible en nuestro país –prosiguió Rivas- porque las leyes del perdón y la debilidad o la complicidad de sucesivos gobiernos garantizaron la impunidad a los represores, a pesar de la lucha consecuente de los sectores más genuinamente democráticos de la sociedad”.
En un comunicado, Rivas agregó que en 2003 esa impunidad comenzó a derrumbarse y desde entonces hemos avanzado mucho hacia la concreción del objetivo que todos los agentes del Terrorismo de Estado, y Patti es uno de ellos, sean alcanzados por la sanción penal que merecen, como sucedió también con Bignone y otros ex militares.

Otras voces políticas se expresaron por "La búsqueda de Justicia y la condena para los crímenes de lesa humanidad, es uno de los pilares básicos sobre los que se sostiene una República con igualdad y que no olvida los crímenes de la dictadura", manifestó la CC-ARI. De esta forma, el partido que lidera Elisa Carrió hizo referencia al fallo que condenó a Patti a prisión perpetua es ejemplificadora al destacar "desde su origen en la defensa de los derechos humanos, la búsqueda de justicia y la condena contra los responsables de crímenes de lesa humanidad" y recordó además que la CC es la fuerza que fue coautora de la declaración de nulidad de las leyes de impunidad junto a la diputada Patricia Walsh.