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sábado, 28 de agosto de 2010

ANSES: no hay respiro para la asfixiada tercera edad

Ante la poca concreción exitosa de la oposición en el Congreso, ésta vez la oposición podrá vangloriarse sobre el oficialismo al apuntar un paso positivo en reparar una injusticia demorada desde hace mucho tiempo para con la clase pasiva, y no poder disimular las diferencias de un largo debate, de como hacer sustentable el futuro con la suba del 82% móvil de los haberes jubilatorios.
Ante ésta situación quedó expuesta anticipadamente como garantizar la solvencia a futuro del sistema previsional de su financiamiento donde el Estado tiene que ser su principal responsable.
Una coincidencia general diagnostica pero no instrumenta al advertir que podrá agravarse el problema del trabajo informal, y es allí donde el oficialismo apuesta sus dardos al no admitir el impacto fiscal, en decir que  2300 millones de pesos por mes sería el desfinanciamiento, y que correría el riesgo de un default, ya que de ser aprobado el proyecto sería vetado.
Los argumentos de la oposición aseguran que la plata estaba si no fuera expropiada por el oficialismo a los fondos de las AFJP y posteriormente se recuerda el ataque a las reservas del ANSES por $100 mil millones, por lo cuál aventar una insustentabilidad sería inocente, pero significaría una sustancial recuperación del sistema previsional largamente olvidado como justificado acto de justicia.
Las estimaciones de la oposición demandaría según los cálculos estimados en $ 28.000 millones si se considera que el superavit de ANSES fue de 13.000 millones en éste año, con un excedente estimado en $40.000 millones que se sumarán a los aumentos de los aportes patronales de las grandes empresas, lo que produciría una recaudación extra de $ 19.000 millones, al que además sumaría por mayores ingresos de IVA por aumento en la mejora por el consumo de los jubilados, que podría estimarse en $ 4500 millones.
Entonces no es correcto decir que las contribuciones patronales traerían un empleo en negro como fue el argumento de Domingo Cavallo cuándo como ministro dispuso la rebaja del impuesto en 1993 a las empresas.
El interbloque liderado por Pino Solanas, el GEN y PS anticiparon votar en contra del desfinanciamiento propuesto por el grupo A, y insistirían en subir los aportes patronales y también una discusión que deberá hacerse para el aumento del presupuesto del año 2011, y que sería una ardua batalla.
Según Oscar Aguad del bloque radical el fracaso kirchnerista es que el país crece a una tasa china del 8%, pero el aumento del empleo es ínfimo y el 40% del tiempo trabajado está en negro, y ése sería el meollo de la producción con el financiamiento que no cierran los números para la Presidenta, al decir que estaría previniendo un default, si además se tiene que coparticipar a las provincias, las mismas recibirían menos recursos. Si por otra parte se bajaran las retensiones se perderá parte del fondo sojero por $ 7.000 millones y allí el meta mensaje es que habrá menos dinero para los gobernadores provinciales.
En un discurso de la Casa Rosada la Presidenta exigió a la oposición tener ideas claras y proyectos con presupuestos reales, para un país del que queremos, y no con catástrofes financieras que no deseamos, al reclamar por un poco de buena fé con ideas y proyectos sustentables, viables que no alteren el superavit fiscal.
En la vereda opuesta el Proyecto Sur, PS y GEN proponen resolver como financiar el aumento jubilatorio con la restitución de aportes de las grandes empresas, pero ésto fue criticado por los bloques opositores advirtiendo que se agravaría la situación del trabajo informal.
Si la iniciativa llegara a convertirse en ley el piso estaría en $ 1412 fijado por el 82% del salario mínimo y móvil, que se actualizaría entre 2002 al 06 según lo dispuesto por la Corte Suprema en los fallos de Sanchez y Badaro.
Antes debería el proyecto pasar por la aprobación del Senado donde el oficialismo y la oposición ejerce una fuerte pulseada incierta y el Poder Ejecutivo se opone con el veto de ser aprobado, pero por ello de cumplirse el Ejecutivo pagaría un alto costo político de su popularidad para el acto eleccionario en 2011.

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