Aprobaron por ley las facultades delegadas

En un ámbito de tensión dentro y fuera del Congreso, el Senado convirtió en ley la prórroga por un año la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo y así
el gobierno de Cristina Kirchner podrá disponer al menos por 270 días más de la facultad para fijar retenciones a las exportaciones agropecuarias, una de las principales fuentes de financiación del Estado, gracias al voto de la mayoría oficialista del Senado, que prorrogó ayer en masa y sin revisión alguna la vigencia de más de 1900 leyes que contienen delegaciones legislativas en el Poder Ejecutivo y que según la Constitución debieron haberse revisado antes de 1999 y al cederle las facultades al Gobierno podrán ser usadas por la Presidenta y su Jefe de Gabinete.
La ley fue aprobada por 38 votos a favor y 30 en contra; una sólida victoria política para la Casa Rosada que contó con el aporte vital de los dos senadores por Tierra del Fuego (ex ARI) y del representante del Movimiento Popular Neuquino (MPN), que le permitieron al kirchnerismo alcanzar el quórum y habilitar así la sesión antes del mediodía.
La amplia ventaja obtenida por el oficialismo obedeció, además, a que varios legisladores que en julio del año pasado habían rechazado las retenciones móviles ayer apoyaron al Gobierno. A los fueguinos y el MPN se sumaron los peronistas Rubén Marín (La Pampa), Elena Corregido (Chaco) y Teresita Quintela (La Rioja). Como contrapartida, el catamarqueño Ramón Saadi votó contra el oficialismo, por primera vez desde la llegada del kirchnerismo al poder.
Con los accesos al Senado vallados, los palcos del recinto vedados al público y manifestantes pro campo protestando en la calle, el debate transcurrió con fuertes cuestionamientos de la oposición a la pretensión del Gobierno de retener facultades propias del Poder Legislativo.
"Acá estamos discutiendo cómo se administra poder", sentenció el jefe del bloque radical, Ernesto Sanz (Mendoza), antes de recordar "los perjuicios sociales y económicos" que provocó en el país la concentración de poder en el Gobierno en los últimos años.
La peronista disidente Hilda González de Duhalde (Buenos Aires), alertó que con esta ley el país entra "en una zona gris peligrosa por la forma de ejercer el poder que tiene este gobierno".
Para el oficialismo, sin embargo, el debate de ayer sólo tenía que ver con "una necesidad que tiene hoy el Congreso argentino frente a una tarea no cumplimentada", según la óptica del titular de la bancada, Miguel Pichetto (Río Negro).
La ley sancionada ayer prorroga la vigencia de un paquete de leyes que delegaron facultades en el Poder Ejecutivo entre 1853 y 1994. Todo ese edificio normativo debió haber sido revisado antes de 1999. Sin embargo, el trabajo, que debió realizar el Congreso, nunca se hizo, por lo que la vigencia de las normas volvió a ser prorrogado. El votado ayer, es la cuarta extensión del plazo. En este caso, será por 240 días prorrogables por otros 30, durante los cuales una comisión ad hoc deberá revisar toda esa legislación, analizar su contenido y decidir qué facultades continuarán en manos del Poder Ejecutivo.
A diferencia de las prórrogas anteriores, la Cámara de Diputados incluyó una cláusula que elimina la subdelegación. En otras palabras, no podrán ejercer esas facultades funcionarios de rango inferior, salvo la Presidenta y el jefe de Gabinete.
Más allá de lo político, el tema de las retenciones preocupó a varios legisladores, como la peronista disidente Sonia Escudero (Salta), quien aseguró que las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo "carecen de sustento legal".
"Aquí no estamos prorrogando facultades que no existen, porque el Poder Ejecutivo carece de facultades legislativas para establecer derechos de exportación en cualquier materia que no sean específicas, y en este caso no hay ley que los sustente, como ocurre con los hidrocarburos, habilitados por la ley de emergencia económica", sentenció.
También hubo un fuerte componente político en la discusión. Así, el radical Sanz le reprochó al oficialismo no escuchar el veredicto de las urnas del 28 de junio. Lo hizo citando una de las frases más fuertes de Cristina Kirchner, cuando en 2006 defendió los superpoderes argumentando que "la mejor división de poderes es que la gente vota cada dos años", y que si el Gobierno "hiciera cosas horribles, la gente no lo va a votar".
"En mérito a esa voluntad popular, les digo que 11 de 15 millones de argentinos votaron en contra de la delegación de facultades y los superpoderes", sentenció Sanz.
La nómina de senadores que votaron a favor (38)
-Oficialismo (35): Jorge Banicevich (Santa Cruz), Fabio Biancalan (Chaco), Adriana Bortolozzi (Formosa), Eric Calcagno (Buenos Aires), Jorge Colazo (T. del Fuego), Ana Corradi (Santiago del Estero) Elena Corregido (Chaco), Liliana Fellner (Jujuy), Nicolás Fernández (Santa Cruz), Daniel Filmus (Capital Federal), Marcelo Fuentes (Neuquén), Silvia Gallego (La Pampa), César Gioja (San Juan), Silvia Giusti (Chubut), Pedro Guastavino (Entre Ríos), Marcelo Guinle (Chubut), Ada Iturrez (Santiago del Estero), Guillermo Jenefes (Jujuy), Rubén Marín (La Pampa), José Mayans (Formosa), Ada Maza (La Rioja), Julio Miranda (Tucumán), Blanca Osuna (Entre Ríos), José Pampuro (Buenos Aires), Nanci Parrilli (Neuquén), María Perceval (Mendoza), Daniel Pérsico (San Luis), Miguel Pichetto (Río Negro), Teresita Quintela (La Rioja), Marina Riofrío (San Juan), Fabián Ríos (Corrientes), Eduardo Torres (Misiones), Mónica Troadello (Mendoza), Luis Viana (Misiones), Isabel Viudes (Corrientes).-Movimiento Popular Neuquino (1): Horacio Lores (Neuquén).-Ex ARI (2): José Martínez (T. del Fuego), María Rosa Díaz (T. del Fuego).
Y los que votaron en contra son (30)
Roberto Basualdo (PJ disidente-San Juan), María José Bongiorno, (PJ disidente-Río Negro), Samuel Cabanchik (Proyecto Buenos Aires-Capital Federal), Oscar Castillo (Frente Cívico y Social-Catamarca), María Colombo (Frente Cívico y Social-Catamarca), Sonia Escudero (PJ disidente-Salta), María Eugenia Estensoro (Coalición Cívica-Capital Federal), Rubén Giustiniani (Partido Socialista-Santa Fe), Hilda González de Duhalde (PJ disidente-Buenos Aires), Roxana Latorre (Peronismo disidente-Santa Fe), Juan Carlos Marino (UCR-La Pampa), Alfredo Martínez (UCR-Santa Cruz), Carlos Menem (PJ disidente-La Rioja), Gerardo Morales (UCR-Jujuy), Liliana Negre de Alonso (PJ disidente-San Luis), Roy Nikisch (UCR-Chaco), Juan Pérez Alsina (Partido Renovador-Salta), Luis Naidenoff (UCR-Formosa), Delia Pinchetti (Fuerza epublicana-Tucumán), Emilio Rached (Frente Cívico-Santiago del Estero), Carlos Reutemann (PJ disidente-Santa Fe), Adolfo Rodríguez Saá (PJ disidente-San Luis), Juan Carlos Romero (PJ disidente-Salta), Carlos Rossi (Partido Nuevo-Córdoba), Ramón Saadi (PJ-Catamarca), Carlos Salazar (Fuerza Republicana-Tucumán), María Dora Sánchez (UCR-Corrientes),Ernesto Sanz (UCR-Mendoza), Arturo Vera (UCR-Entre Ríos), Pablo Verani (UCR-Río Negro).
Ausentes (4)
Haidé Giri (PJ-Córdoba), Norberto Masón (UCR-Chubut), Roberto Urquía (PJ-Córdoba), Elida Vigo (PJ-Misiones).
El grupo de ruralistas que se encontraban afuera con Alfredo De Angeli provoó algunos incidentes con la policía por su disconformismo al intentar entrar por la fuerza, a su vez consiguieron la sanción de una ley de emergencia agropecuaria que elimina en forma temporal las retenciones de 22 partidos de la Provincia de Buenos Aires por ser zona de desastre agropecuario y a otros 15 distritos se le reducirá la alícuota a la mitad. El bloque oficialista dijo que es una concesión a los diputados bonaerenses del PJ que permitió la aprobación de las facultades delegadas aún que algunos creen que la norma podría ser vetada por la Presidenta.
Ahora se aprestan aprobar el proyecto de ley que limita las facultades del Jefe de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias sin aprobación del Congreso y que al arco opositor calificó de inconstitucional contraria a la ley que no le comprende ésas atribuciones. El proyecto deberá ser discutido en breve por la Cámara de Diputados donde se prevée un polémico y acalorado debate. Además la oposición cree que el proyecto oficial incluye uso de prerrogativas de emergencia económica y los DNU.