La Argentina sigue siendo un país minero en potencia, pero subexplotado en relación a otras naciones limítrofes de topografía similar: Chile exporta u$s 40.000 millones por año versus los u$s 3700 millones de la Argentina.
Una de las primeras y más controvertidas medidas adoptadas por la administración macrista fue suprimir las retenciones a las exportaciones mineras que oscilaban entre un 5% y 10%, según si el producto vendido al exterior se despachaba tratado o en bruto sin purificar.
No hay dudas de que el desarrollo de la minería es necesaria y también es política de Estado desarrollarla, sin embargo la secretaría de Minería de la Nación y los responsables del área de las provincias productoras acaban de consensuar un texto poco simpático para las empresas, quizás acostumbradas a las caricias benévolas con las que se seguían beneficiando.
Según el cálculo de CAEM, Cámara de Empresarios Mineros, las nuevas reglas implicarían encarecer 5,5 puntos la carga fiscal total. Mal que le pese a los ambientalistas también le entró la piedra en el zapato junto a los estados del interior que, siendo constitucionalmente dueños de los recursos naturales, no siempre tienen el juego del rol que anhelan por causa de la contaminación ambiental.
El texto acordado a nivel técnico ahora requiere el aval político de Macri, y los gobernadores involucrados para tramitar con éxito en el Congreso. La iniciativa contempla cambiar la base sobre la que se calculan las regalías, que hoy promedian un 3% sobre el valor "bocamina" (precio del producto, sin costos de transporte y otros) sustituyéndolo por el precio de venta sin descuentos. Según cálculos empresarios, esto agregaría entre 0,5 y 1 punto adicional al gravamen y también se legalizaron contribuciones ya existentes en algunas jurisdicciones (San Juan y Santa Cruz) que podrían generalizarse: un aporte del 1,5% sobre aquella base para nutrir un fondo fiduciario con destino a la infraestructura social. A ésto se le agregaría un 1% adicional para el desarrollo comunitario, que recaudará la Nación.
El acuerdo fue debatido en el Consejo Federal Minero, donde habría tenido el aval de las provincias salvo la de Chubut, que anhela un trato algo más generoso, y Santa Cruz que planteó reservas a la continuidad de un régimen de promoción de inversiones.
El propio secretario de Minería, Daniel Meilián, se habría visto arrastrado a convalidar aquellos retoques en una negociación en la que resultó minoría. Al menos así se lo hizo saber a los empresarios.
Los geólogos que fueron responsables del área durante el gobierno de Carlos Menem, cuándo se promovió un marco legal para el sector, el resto de las actividades siempre se miró con envidia. Entre otras prerrogativas, ésa ley comprometía al Fisco en un régimen benigno y estable, sin embargo no resultó suficiente.
"Las empresas ahora están focalizadas en disminuir sus costos y maximizar los proyectos ya en marcha, más que en nuevas inversiones directas", admite Alvarez, pero al mismo tiempo señala que la Cámara tiene computados desembolsos por 20.000 millones en un lustro, de los cuáles 1200 ya se habrían hecho efectivos en 2016.
Para el Gobierno, el esfuerzo fiscal se justifica con el rédito de mantener los 12.000 empleos del sector, sugiriendo que éstos están en riesgo si no se fortalecen las prerrogativas fiscales. El otro justificativo oficial fue que había que disminuir la carga tributaria sobre el sector para evitar que los capitales sigan fluyendo hacia países limítrofes como Perú o Chile. Aunque según consignó en un reciente artículo la magister en sociología económica e investigadora del Conicet, Laura Alvarez Huwiler, al suprimirse los derechos de exportación, la Argentina tiene una presión fiscal inferior a la de ésos países.
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, acaba de participar en Londres junto a Meilián y otros funcionarios en un seminario que congregó a potenciales inversores para persuadirlos de las bondades de desembolsar su dinero en la Argentina.
La intención oficial declarada es arrimar unos u$s 23.000 millones al país, rico en oro y plata, pero básicamente prodigó al litio, el mineral de moda y la gran promesa de la naturaleza local para el futuro.
En enero de 2014 el oro costaba 860 euros la onza, contra los 1160 actuales. Las prohibiciones a prácticas mineras frecuentes, con cianuro en la explotación a cielo abierto son bastante discutidas. Por esta razón Chubut escatima una habilitación a Pan American Silver para desarrollar con ésta técnica el Proyecto Navidad, que promete u$s 1500 millones para producir plata. A pesar de que la firma garantiza que no usará cianuro. Jujuy aspira a asociarse de modo creciente a los proyectos, transformándose en socia obligada de las firmas privadas: su participación a través de Jemse del 12% en emprendimientos actuales podría ser incrementada al 17% si culmina con éxito la negociación.
El Nuevo Acuerdo impone a las mineras estatales de las provincias la exigencia de que se manejen de modo independiente del Ejecutivo y que funcionen con las mismas pautas de sus socias privadas.
Cuestiones como ésas sociedades irritan la sensible epidermis patronal, sea cuál fuere la nacionalidad del inversor a pesar que hay firmas extranjeras que miran la riqueza local, metalífera ó no con bastante codicia. Las chinas están en primer lugar.
Hace al menos un par de años varias firmas asiáticas están haciendo trabajos prospectivos para medir futuros negocios. China Metallurgical Corporation Ldt., concesionaria de la mina de hierro de Sierra Grande, ex Hipasam, está haciendo prospección en Neuquén. Jinchuan, firma especializada en prospectiva minera, está rastrillando el suelo de Catamarca, Jujuy y Salta para evaluar factibilidad de futuras inversiones. Shadong Gold, el gigante chino del oro, está entre las candidatas apuntadas por el Gobierno para desembolsar inversión en la Argentina. Otra es Citic, un holding financiero industrial, que ya construyó un vínculo comercial con el país a partir de la venta de coches ferroviarios.
Pero el gran anzuelo del momento para potenciales inversores, más allá del oro, plata y cobre locales, parece estar en el litio, que la Argentina tiene en cantidades importantes junto a Chile y Bolivia. Este terceto tiene el 37% de las reservas mundiales de un mineral clave en la fabricación de baterías para celulares y autos eléctricos, y en el almacenamiento de energías renovables, que se obtiene a partir de la destilación de sal.
El Nuevo Acuerdo prevé que se constituya una Mesa del Litio, a integrar por expertos de Nación y provincias productoras para consensuar reglas para explotarlo. El valor de la tonelada pasó de u$s 1500 a principios de los años 2000, a superar los u$s 7400 promedio en 2016 y éso explica que al margen de las regulaciones nacionales o provinciales, una larga lista de empresas foráneas estén haciendo su apuesta.
Las canadiense Lithium Americas Corp (salar jujeño Caucharí- Olaroz), Energi Group (salar Rincón de Salta), la química Albemarle Corporation y Bolland Minera (Antofalla, Catamarca); Mitsubishi Corporation y la jujeña Jemse trabajan en la Puna. Algunos ejemplos de un interés empresarial que bulle, al margen de los discutidos retoques al marco legal para hacerlo aún más atractivo. Y a pesar de las objeciones de ambientalistas que en el caso del litio, advierten cuán comprometidas están las fuentes de agua para ésas lucrativas explotaciones.
El caso de Barrick Gold puede ser testigo en varios sentidos, en particular si se atiende al riesgo ambiental de una explotación. La firma sufrió tres "incidentes", comenzando en 2015 por el derrame de cianuro en un río de San Juan, único hecho al que la empresa considera "serio, de impacto ambiental pero no daño". Esta disquisición semántica apunta a que no hubo pérdida de ninguna vida ("ni un mosquito", sostiene aquel vocero) por el accidente que sometió a la compañía al pago de una multa y un grupo de sus directivos a un proceso penal aún abierto.
Las otras presuntas agresiones al medio no habrían sido tales y respondieron a "errores en la comunicación" o situaciones que se resolvieron con un canal aliviador del drenaje de aguas en Pascua Lama, emprendimiento que se encaró junto a Chile. "Los problemas ambientales de la minería muchas veces están basados en mitos. En posiciones políticas que no tienen que ver con las explotaciones", sentencia Fernando Giannoni, director ejecutivo de la Barrick local desde hace cuatro semanas.
Para la firma, la minería opera en la Argentina "con los mismos métodos de cuidado medioambiental que en otros lugares del mundo", donde existen estándares muy exigentes. Esto invalidaría el temor a los procesos que utiliza la actividad.
La Cámara de Empresarios Mineros (CAEM), que la congrega, tiene vocación de conseguir un perfil más soft, que depure la imagen de una actividad sindicada como verduga del medio ambiente.
Finlandia acaba de firmar un convenio con una entidad canadiense que elabora protocolos para regular la actividad de modo amplio, al punto que uno de ellos está referido a derechos humanos. Ése acuerdo ubicaría a los productores locales en un lugar de más prestigio en el mundo, y obligará a las firmas socias a presentar las acciones con las que prueben el cumplimiento de pautas de responsabilidad social, que irían más allá de simples mecanismos para tributar menos impuestos.
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