Será por las varias causas procesales que le tocará presentarse a declarar por un largo derrotero con mucha frecuencia durante todo el 2017 por los pasillos de losTribunales de Comodoro Py.
Por lo pronto la ex presidenta dará el primer paso el 31 de octubre, cuándo se presente ante el juez federal Julián Ercolini para ser indagada por el caso de la obra pública que benefició a Báez.
Las otras que continuarán son por el caso del direccionamiento de la obra pública para favorecer a Lázaro Báez (potenciada por una ampliación de la denuncia por parte de los fiscales); la causa Hotesur, en la que está bajo la mira judicial por recibir dinero del empresario en compensación, en forma de alquileres de habitaciones de hotel, y el caso "Los Sauces" que es la misma maniobra anterior, pero con alquileres de inmuebles.
Su estrategia es la misma que eligió Báez para defenderse: pedir que no sólo investiguen los contratos de obra pública que beneficiaron a Báez, sino también a todos los otros empresarios de la construcción, incluidos los cercanos a Mauricio Macri, como su primo Ángelo Calcaterra.
Además de la ex presidenta, el juez citó al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; al ex secretario de Obras Públicas, José López; al ex director de Vialidad Nacional, Nelson Periotti; a Báez y a su hijo Martín; a otros funcionarios que dependían de De Vido y a quiénes manejaban las obras viales en Santa Cruz.
Lo más probable es que hasta fin de año los fiscales no puedan concluir su trabajo para escribir un pedido de procesamiento de la ex presidenta. Y Ercolini podrá recién procesarla luego de la feria judicial de verano, es decir en febrero 2017.
Esta decisión le abre el camino a la ex mandataria para apelar la decisión ante la Cámara Federal y eventualmente ante la Cámara de Casación Penal, con lo que pasaría todo 2017 hasta llegar a un fallo que deje firme el procesamiento y permita elevar su caso a juicio oral. Esto sin considerar la catarata de recursos, nulidades y recusaciones que puede presentar en los tribunales de apelación.
Sobre la base de una denuncia de la nueva gestión de Vialidad Nacional sostuvieron, por ejemplo, que de 49 obras adjudicadas al grupo Báez, sólo dos se terminaron en el plazo previsto, y abundaron al sostener que los ex presidentes ampliaron el presupuesto nacional para dotar de fondos a Vialidad y poder pagarle así las obras a su amigo Báez.
Lo hicieron mediante la ley de presupuesto, pero también mediante decretos de necesidad y urgencia (DNU) y asignando el control de un fideicomiso especial a Vialidad para financiar obras.
De éstas evidencias surge que sumaron al hallazgo de irregularidades en los contratos de obra y el hecho de que mientras Báez era beneficiado con éstas licitaciones, Néstor y Cristina Kirchner hacían negocios de compraventa de propiedades con el empresario, o constituían fideicomisos donde la ventaja la obtenía el matrimonio presidencial.
Se investigará en Hotesur el retorno de favores en dinero en la hipótesis que Báez lo hacía como devolución de favores a los Kirchner en éste caso mediante el alquiler de habitaciones de los hoteles de los Kirchner que fueron ocupadas y pagadas por empresas del zar de la obra pública santacruceña.
Esta causa está en manos del mismo juez, Ercolini, y de los mismos fiscales, Pollicita y Mahiques.
El cronograma de trabajo en Hotesur es otra gran causa que complica a la ex presidenta.
Un equipo de la fiscalía estaría recién en condiciones de comensar a trabajar en un pedido de indagatoria a fin de año.
Pero en 2017 está el calendario judicial que se mezclará con el calendario electoral. El Gobierno quiere a Cristina Kirchner como la adversaria en ésa contienda para dividir al peronismo y para ello la encontrará recorriendo los pasillos de tribunales.
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