SIP; deliberó con crítico informe sobre la libertad de prensa

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió al Congreso argentino que se renovará el 10 de diciembre la revisión de la ley de servicios de comunicación audiovisual, recientemente aprobada, y denunció una escalada de agresiones a periodistas y medios por parte del oficialismo. Así la SIP resolvió "solicitar al Parlamento argentino, que se renueva la revisión del texto aprobado para que la ley que regule los servicios de comunicación audiovisual sea una norma basada en criterios de razonabilidad y acorde con los parámetros internacionales que rigen en materia de regulación los servicios audiovisuales".
Al concluir su 65ª Asamblea General en Buenos Aires, el organismo que agrupa a 1380 periódicos del continente emitió dos resoluciones referidas específicamente a la Argentina, en el contexto de duros análisis sobre la situación de la libertad de expresión en varios países latinoamericanos.
En un mensaje final crítico, detallado y contundente, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó ayer sobre "claros indicios del deterioro de la libertad de prensa y el consiguiente debilitamiento del sistema democrático" en América latina. Además, dedicó varios párrafos a llamar la atención sobre los niveles crecientes de pobreza y de desigualdad en la región y sobre las tendencias autoritarias en los gobiernos de varios países.
La SIP al clausurar su 65ª Asamblea General, que se desarrolló durante cinco días en un hotel de Puerto Madero, con más de 500 editores de 1300 publicaciones que debatieron sobre la prensa escrita en el marco inocultable de las deliberaciones y temas de conflictividad abierta entre el gobierno argentino y los medios locales, una situación que con matices propios, se replica en otros países de la región.
En su documento final, la SIP describió "la acción coordinada de los gobiernos para controlar a la prensa y el desprestigio constante al que la someten, el avance desmesurado de la violencia contra los periodistas, la proliferación de leyes restrictivas y arbitrarias decisiones judiciales que limitan la labor informativa" como evidencias del estado preocupante de la libertad de expresión en América latina.
El informe hace referencia, en primer lugar, a los 16 periodistas asesinados en este semestre (ocho en México, tres en Honduras, dos en Guatemala, dos en Colombia y uno en El Salvador), la cifra más alta de los últimos tiempos, y condena la permanencia en prisión de 27 reporteros en Cuba.
En una referencia poco frecuente en estos informes, en esta oportunidad, la SIP puso énfasis en alertar sobre "la pobreza y la iniquidad imperantes en la mayoría de los países del continente, que sirve de caldo de cultivo para una tendencia al autoritarismo", y "la persecución al periodismo y a toda opinión distinta a las del poder sólo ha servido para iniciar el lento y tortuoso tránsito hacia totalitarismos de naturaleza corrupta que únicamente causan más pobreza y violencia", advierte el informe.
La SIP analiza distintas modalidades de agresión a la prensa, como "la tendencia de manipulación legal" que se ve en la ley de medios de la Argentina recientemente sancionada, "promovida en el marco de una inédita campaña de hostigamiento contra los medios independientes", así como iniciativas similares en Venezuela, en Ecuador y en El Salvador. También habla de "leyes que buscan el control de contenidos" y que están siendo debatidas en los parlamentos de Colombia, de Chile y de Uruguay, mientras que Brasil organiza una conferencia nacional sobre medios que, dice la SIP, "podría derivar en la creación de medidas de control de la prensa".
Se mencionan, además, prácticas discriminatorias en la distribución de la publicidad oficial en varios países, entre ellos la Argentina, pero también Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela, donde "siguen utilizándola como instrumento de coacción o beneficios para medios y periodistas"...
Y se advierte sobre la paralización de proyectos de ley de acceso a la información pública, como en El Salvador y en Bolivia, o que están en vigor, pero tienen un aplicación ineficiente, como los casos de Chile, Ecuador, Panamá, Nicaragua y de Puerto Rico.
También mencionó el operativo de 200 inspectores de la AFIP en el diario Clarín y en domicilios de sus directivos, la denuncia de un plan oficial para intervenir la empresa de papel para diarios Papel Prensa, los bloqueos a la distribución de publicaciones por el sindicato de camioneros y el reciente decreto presidencial que "pretende alterar la relación de las empresas editoras de diarios y revistas con su cadena de distribución".
La SIP termina con un párrafo de aspectos positivos, entre los que se cuentan la despenalización de los delitos de difamación e injurias en Uruguay y el envío al Congreso argentino, por parte del Poder Ejecutivo, de un proyecto de ley para despenalizar los delitos de calumnias e injurias.
La próxima asamblea general se realizará, en octubre de 2010, en Santiago, Chile.